REFORMA POLITICA NO ES REFORMA DEL ESTADO
De nueva cuenta parece repetirse la historia. Desde hace ya varias décadas en México se ha hablado de la Reforma Política como una expresión fehaciente de lo que hoy se conoce como Reforma del Estado. Y no hace mucho hubo ocurrentes que están seguros y ciertos de que hablar de este importante proceso -de Reforma del Estado aclaro- significa dar una "manita de gato" de manera exclusiva al ámbito partidista; reformas el Artículo 41 Constitucional o cualquier precepto de su Ley Reglamentaria, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales significa, para muchos, nada mas y nada menos que "reformar al Estado".
Nunca antes ninguna ocurrencia pudiera haber sido tan atrevida y parca.
En efecto se mal entiende un proceso tan necesario en nuestros días, como lo es la Reforma del Estado, como una simple repasada al ámbito electoral olvidando la esencia de la relación Estado-ciudadano.
Me queda claro que en México reformas al Estado ha sido solamente prosa.
La nueva Ley, recientemente aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de transitoria, que busca dar cuerpo, forma y esencia a la Reforma del Estado en nuestro país desde mi muy personal punto de vista, y de ello di cuenta en la sesión respectiva de nuestra Cámara, me parece poco eficiente; de nueva cuenta el aspecto político resulta preponderante en el tratamiento de un tema tan crucial como lo es el que ahora trato. Pasa de lado que la reforma que el Estado Mexicano necesita debe ir más allá de lo eminentemente político; debe llegar y afectar evidentemente el desgastado marco institucional de nuestro país.
Debe llegar al punto medular del conflicto toral de la propia Ciencia Política: la relación entre gobernantes y gobernados; en suma, la relación Estado-ciudadano; desgastada en todo sentido; poco efectiva ya en nuestros días, sustancialmente difícil en la definición de los nuevos consensos.
La Reforma del Estado no es una tarea sencilla; contempla procesos y tiempos de la política y de los distintos actores políticos que en ocasiones son poco compatibles. Por ello mismo no puede pasar de lado. La Reforma del Estado es ya inevitable y no llevarla a cabo traería consigo enormes costos pues lo que está en juego es la consolidación de la democracia, así como la defensa y el uso democrático de la Ley para garantizar el Estado de Derecho, la justicia social y, por ende, la tan pregonada justicia social y la resultante gobernabilidad.
Aunque es claro que ni la ley ni las instituciones pueden hacer milagros, como lo reconoce Sartori, también queda muy claro que podamos tener buenos gobiernos sin buenos o adecuados instrumentos.
Esto deben entenderlo perfectamente bien quienes han diseñado, que no necesariamente aprobado, esta Ley que habrá de dar marco y normará el proceso de Reforma del Estado en nuestro país. Deben entender, y reconocer, que la reforma de las instituciones políticas supone el cambio integral de las reglas del juego político, de modo que la democratización sea completa.
No hay otra forma, no hay otro camino.
Ahí están la realidad social y el lamento del pueblo, como el fiel testimonio y el llamado de alerta para no soslayar más este reacondicionamiento institucional. Es urgente concretar, ya, la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico diseñado para una realidad social ya rebasada. La alternancia no necesariamente es garantía, por sí misma, del establecimiento de un nuevo arreglo normativo, acorde con el espíritu democrático de los nuevos tiempos.
El llamado es urgente pues es evidente, y más que claro que, como lo he dicho hasta en cansancio, la paciencia de los pueblos tiene límites, y para el caso de México, hoy por hoy, no todas las instituciones están a la altura de lo que la sociedad realmente merece.
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