La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”1. Tomando como base este precepto constitucional nos encontramos con dos vertientes fundamentales:
a) Estados libres y soberanos, y
b) La unión de las Entidades Federativas en una Federación.
El centralismo fiscal que vive actualmente México, representa por sí serios problemas para lograr un equilibrio, entre los Estados; por ello es necesario establecer una organización descentralizadora en cuanto a las funciones y obligaciones con que hoy por hoy cuenta la Federación para alcanzar entre otros objetivos el bienestar social. El Federalismo Fiscal es aquél sistema de relaciones fiscales que se establecen entre los diversos niveles de gobierno en un Estado Federal. Para estos efectos se entiende por Estado Federal la forma de organización del territorio del Estado que se caracteriza por un grado parcial de descentralización jurídico-política, intermedio entre el Estado central y una confederación de Estados.
Un problema fundamental del Estado Federal es la división de fuentes de recursos fiscales entre la Federación y las entidades federativas, así como la delimitación de las funciones de gobierno y las responsabilidades entre los órdenes referidos; el sistema de relaciones fiscales que se establecen entre ellos, que puede ir desde la delimitación precisa de las fuentes fiscales, hasta la total coincidencia fiscal y la coordinación derivada de ella, así como diversos grados intermedios.
La escasa distribución de competencias y facultades entre los diferentes ámbitos de gobierno constituye uno de los principales problemas del federalismo mexicano, situación fomentada y consolidada durante gran parte del siglo XX por los gobiernos post-revolucionarios; sin embargo, hay que considerar que la realidad política, económica y social del país ha cambiado, y la situación que vivimos actualmente es muy diferente a la que se vivió en décadas pasadas.
Sin duda hoy, el federalismo es un mecanismo que debería permitir el incremento de los ingresos locales a través de la autonomía tributaria que la Constitución Política otorga a los Estados; no debiéndose entender como un mecanismo de participación en los ingresos federales, puesto que esta concepción ha distorsionado la efectiva relación entre los distintos órdenes de gobierno, no obstante, el Gobierno Federal tendría que apoyar a los gobiernos locales que no cuentan con la infraestructura técnica y profesional para llevarlo a cabo. El federalismo, tal y como la Constitución lo plantea, debe ser un sistema que posibilite a las entidades federativas incrementar sus ingresos, devolviéndoles autonomía tributaria para imponer sus propios impuestos a las ventas ya la renta de personas físicas y morales. Este esquema tributario permitiría al contribuyente, en su carácter de votante, comparar el costo de los impuestos que está dispuesto a pagar para recibir los beneficios que el gobierno le otorgará a través de la prestación de bienes y servicios públicos.
No cabe ni la menor de las dudas de que un esquema de reforma fiscal equilibrado, daría una mayor autonomía financiera a las entidades federativas y un pleno ejercicio a las disposiciones constitucionales. La mayor captación de recursos para las entidades autónomas les dotaría de la capacidad para atender rezagos sociales y brindar servicios públicos de calidad a la población.
De mantenerse la concentración de la mayor parte de los ingresos tributarios en las autoridades federales tendríamos que:
a) La responsabilidad de los gobiernos locales se mantendrá limitada, desalentando la participación ciudadana en las decisiones de gobierno, y
b) El desarrollo de los gobiernos locales se vería limitado al no ver compensado su esfuerzo con un nivel de participación acordes a la aportación significativa que hace a la riqueza nacional como lo es el caso del Estado de México el que aporta prácticamente el 11% del Producto Interno Bruto Nacional.
México requiere de un nuevo programa federalista que sea capaz de buscar el desarrollo integral de la nación, el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la unidad nacional y la garantía de la gobernabilidad, a través de la participación de los diversos grupos de la sociedad y la descentralización de funciones, recursos fiscales y programas públicos hacia los diferentes niveles de gobierno, bajo los criterios de eficiencia y equidad en la producción de bienes y servicios a la sociedad. Un programa de esta naturaleza permitiría indudablemente:
a) Fortalecer la unidad nacional a partir de reivindicar la función compensatoria del pacto federal, como marco idóneo para distribuir capacidades públicas, recursos y oportunidades que impulsen las aspiraciones políticas, económicas, sociales, administrativas y culturales de los miembros de la Unión;
b) Impulsar una redistribución de facultades, funciones, responsabilidad y recursos del gobierno federal hacia los gobiernos estatales y el municipio;
c) Actualizar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en los principios de cooperación y coordinación dentro del marco de las relaciones intergubernamentales;
d) Transformar la mística del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para que sea capaz de garantizar mayores ingresos y atribuciones de gastos a las entidades federativas en correspondencia con sus responsabilidades institucionales y sus funciones públicas;
e) Emprender un proceso de redistribución de la inversión y el gasto federal para detonar el desarrollo regional dando prioridad a las regiones de mayores necesidades en infraestructura;
f) Impulsar las capacidades institucionales de las entidades federativas en materia de desarrollo social, con especial referencia a la descentralización de las funciones de educación, salud y medio ambiente, de bienestar social y combate a la pobreza extrema, desarrollo urbano y vivienda, y
g) Promover el desarrollo administrativo de la gestión pública en los tres ámbitos de gobierno mediante sistemas efectivos de control y evaluación, probidad en la cultura de la rendición de cuentas, así como en la ampliación de nuevos espacios de participación social y revisar las atribuciones y responsabilidades del municipio para fortalecerlo como el espacio político y administrativo más cercano a las comunidades.
Los tiempos actuales que vivimos, requieren del fortalecimiento del federalismo Fiscal, mediante la redistribución de facultades, funciones, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los gobiernos estatales y el municipio, así como emprender un proceso de distribución de la inversión y el gasto federal para detonar el desarrollo regional, con prioridad a las regiones con mayores necesidades en todos los órdenes.
Trabajar sobre la idea de un Federalismo Fiscal bien armado y bien llevado a la práctica, contribuiría efectivamente a erradicar el centralismo que representa, y ha representado desde tiempos inmemoriables, un obstáculo para el sano y equilibrado desarrollo de los Estados y Municipios y regiones en general de nuestro país, porque concentra autoridad, recursos, oportunidades y decisiones. El Gobierno Federal debe renunciar a manejar todos los recursos financieros disponibles, por lo que debe transferir parte de ellos a los Estados y Municipios.
La acción de reformar el Estado, vía el fortalecimiento del Federalismo Fiscal, implica, entre otras cosas, que se lleve a cabo una redistribución de facultades, atribuciones, prerrogativas y competencias en los ámbitos de gobierno.
El nuevo pacto federal debe volver a su principio original: lo más a los Estados y lo menos al Gobierno Federal; esto será el fin de los excesos del presidencialismo que predominó en los dos siglos pasados, aunque debe cuidar de no caer en nuevos excesos estatales y municipales. El nuevo pacto federal debe garantizar respeto absoluto a la división de poderes tanto federales como de los Estados, de tal suerte que unos y otros sean igualmente acatados en sus estructuras orgánicas y en sus resoluciones dentro de sus respectivos marcos de legalidad.
Es preciso propugnar por un pacto federal más flexible, que abra nuevas posibilidades para el desarrollo regional y la solución a los problemas ancestrales de cada comunidad, velando por mantener un respeto irrestricto a la soberanía de los Estados integrantes de la Federación y la autonomía de los Municipios, “el Federalismo Fiscal debe ser reestructurado para que evolucionemos hacia una distribución (de las aportaciones) más justa entre los Estados”2. La tan anunciada “Reforma del Estado”, además de incluir el sistema de la división de poderes y el régimen federal, debe hacer realidad el espíritu de nuestra Carta Magna que es dar plena vigencia a un federalismo más real, moderno, dinámico y justo, en la medida que reconozca y pondere objetivamente las diversidades y potencialidades de todas las regiones que integran al país.
Continuará.
