En principio, es preciso dejar claro que el régimen/sistema político mexicano se encuentra atravesando un proceso de transición, especialmente acentuado desde las elecciones de 1988, mismo que continúa irresuelto hasta la fecha. Ese proceso transicional está orientado en términos de una democratización política en sentido amplio, lo cual, como se desprende de la definición de transición, no implica el hecho de que no se produzcan regresos o retrocesos de carácter autoritario; de hecho, en el proceso de transición, las reglas jurídico-políticas del juego político no están plenamente definidas, incluso se hallan en flujo permanente y, por lo general, son objeto de una ardua contienda a efecto de establecer los espacios y procedimientos cuya configuración determinará los recursos que legítimamente pueden aplicarse en la arena política y los actores a los que se permitirá participar en ella.
En el presente régimen se ha tenido una percepción equivocada del concepto de transición. Vicente Fox Quesada, en sí, no representa la transición, pero podríamos decir que sí una etapa de un proceso global de transición iniciado hace ya mas de una década que se ha caracterizado por concepciones distintas de la relación Estado-Ciudadano, que han venido a crear condiciones positivas íntimamenmte asociadas con el fortalecimiento de la sociedad civil; las formas de ejercer la Administración Pública se encaminan, también, bajo este mismo esquema.
No se trata de decir que la actual administración gobierna “aprendiendo”, esta actitud asumida por los críticos del régimen más bien constituye una forma de protesta por la intención de renovar las formas, inscritas ellas, claro está, en anacronismos profundamente arraigados en el seno de los cuerpos administrativos del gobierno mexicano cuya carencia principal es no contar con cuadros administrativos que realicen sus funciones de manera eficaz, en efecto, no contamos con un cuerpo de funcionarios de carrera. De la Madrid intentó poner en práctica ciertas formas de carrera funcional y Salinas anunció una Reforma del Estado que al final quedó trunca.
Recientemente el actual régimen ha dado el paso al llamado Servicio Civil de Carrera, con modalidades verdaderamente novedosas para nuestro país, en lo personal dudo mucho que esto funcione con las artimañas de que goza nuestra Administración Pública, donde las camarillas, los compadrazgos y los “compromisos” de las figuras públicas; la corrupción ha hecho, hará y seguirá haciendo de las suyas; no pasará mucho tiempo para que este señuelo foxista se convierta tan solo una quimera pues queda claro que desde la postura de las “oposiciones” no existe la menor intención por tratar de conducir al país por caminos distintos.
Querámoslo o no el proceso de transición afecta las viejas formas no sólo de hacer política sino de concebir la propia Administración Pública y, fundamentalmente, la relación entre gobernantes y gobernados; la gobernabilidad, hoy por hoy, se traduce en un verdadero reto para el actual régimen y, lo será para los subsecuentes sean del color que sean; no será fácil gobernar a México después del 2006 ya que, en efecto, tendremos una sociedad cada vez más informada y más integrada a los procesos de gobierno; las exigencias de los tiempos futuros serán verdaderamente intensas.
Los procesos de reforma del mercado, implementadas en el mundo en las últimas décadas, han puesto en la agenda pública la discusión sobre el funcionamiento del personal de la Administración Pública, sobre todo por el afán de de incorporar nuevos modelos de gestión orientados hacia la calidad en la prestación de los servicios públicos que orientan la gestión hacia los resultados y dirigen sus esfuerzos hacia la redefinición del papel de los funcionarios públicos; la idea es, hoy, reformular el papel de la burocracia transformando a los mismos servidores públicos haciéndolos más proclives a responder a las demandas de los clientes-usuarios de los servicios ofrecidos por el Estado.
Desde el planteamiento weberiano, cuyos aportes seguirán siendo vigentes mientras exista alguien que dirija y ejerza autoridad, podemos decir que ahora las cosas son distintas.
La esencia de la Reforma del Estado desde la perspectiva mexicana, ha buscado el adelgazamiento estatal –sustentada en menos burocracia- con el objetivo fundamental de traer un mejor y más eficiente Estado; todos los planes de reforma han pasado, inevitablemente, a concentrarse, sobre todo, en las privatizaciones de servicios públicos, la reducción de las plantas de personal del Estado y el reemplazo de los sistemas de carrera civil por sistemas de contratos basados en el desempeño de los servicios públicos.
Las reformas han desembocado en lo que hoy se conoce como el “estilo gerencial de gobierno”, línea que de manera clara ha seguido el régimen del gobierno foxista; de hecho, el gobierno federal ha planeado, y ejecutado paulatinamente, un recorte de la burocracia, con la cancelación infinidad de puestos; mientras en 2001 las plazas en la administración federal ascendían a 3 millones 028 mil 528, en 2002 se redujeron a 2 millones 997 mil 872 y para 2003 el adelgazamiento de la burocracia quedó en 2 millones 913, 022, lo que significa una reducción de 84,850 plazas.
El enfoque de la gerencia gubernamental tiene su origen en la crisis fiscal de los Estados nacionales, así como el descrédito de los mismos como proveedores directos de bienes y servicios. La nueva gerencia pública tiene como principio rector de su acción la satisfacción de las demandas de los clientes y modificar la estructura administrativa. La gerencia pública no rechaza la burocracia, sino que reconoce su necesidad y de los límites que la misma presenta para desarrollar, sin ataduras su actividad, aunque sí reconoce que el problema burocrático consiste en la falta de autonomía de los funcionarios administrativos para satisfacer las expectativas de los clientes; la capacitación de los funcionarios es fundamental en la redefinición de los objetivos de la organización; el enfoque de la gerencia pública antes que eliminar burócratas intenta transformarlos en servidores públicos con fuerte sentido por la satisfacción de las necesidades y demandas de los clientes con una clara visión sobre la ética de la responsabilidad ; pone, pues, el acento fundamental en la rendición de cuentas ante el ciudadano-cliente.
Independientemente del tamaño del Estado, lo crucial es ver hasta dónde es posible transformarlo en su funcionamiento, hasta dónde realmente podemos hacer de él un ente capaz de palpar con sensibilidad la problemática de las sociedades actuales y dar a ellas las respuestas que, legítimamente, merece en tanto sustento máximo de su razón de existencia; el Estado existe por las sociedades y es a ellas a las que debe responder, ya, y sin perderse el buscar la aguja en el pajar, es decir, otras intenciones para reformarse y vitalizarse a sí mismo.
La respuesta está frente sí, en tanto el Estado debe actuar en consecuencia.
