El mal desempeño público y el desencanto ciudadano, una ética mal entendida.
No estaría completa la discusión sobre la nueva gestión pública sin abordar el tema del desencanto ciudadano producto de la mala acción de los gobiernos; y es que un gobierno malo se inicia justo desde el momento de la postulación de candidatos; los malos gobiernos, como lo he referido ya en infinidad de ocasiones, empiezan justo antes de iniciarse y, desde luego, consolidan su ineptitud en el ejercicio; padecen un problema de ética que arrastran desde sus inicios y hasta la conclusión de sus gestiones; para ellos ética es sinónimo de componenda, arreglos entre grupos y corrupción .
Aunque diversos estudios demuestran que la negligencia, la incompetencia y la ineficiencia en la gestión pública cuestan mucho más dinero a los contribuyentes que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios o de sus cómplices en el sector privado; en realidad, es claro que las acciones de este segundo tipo son más perjudiciales sobre todo por la carga de desencanto que dejan en el sentir ciudadano. En todo caso, ambas formas suelen estar relacionadas entre sí y las dos constituyen expresiones de corrupción y en el sentido más amplio del término son, todas, vicios o abusos administrativos.
Es claro que la corrupción, incluyendo en ella la ineficiencia en la gestión pública, debilita la legitimidad de las instituciones públicas y contamina la sociedad, la justicia y el orden moral. La lucha contra la corrupción es necesaria para el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad económica y social de los países; esta representa ya un problema moral y de ética pública que debe ser enfrentado seriamente por el Estado y la sociedad.
La ética pública presenta una gama muy amplia de temas que son propios de su reflexión, entre varios puedo destacar los siguientes: conflictos de Intereses de funcionarios, empleados y servidores públicos; capacitación e instrucción en ética pública; códigos de conducta para funcionarios, empleados y servidores públicos; interacción entre el gobierno y la empresa privada; auditoria y control interno; participación de la sociedad civil; compras y contrataciones públicas; estrategias, políticas y programas preventivos; la probidad administrativa; los indicadores objetivos de efectividad de los programas. La ética pública no se restringe simplemente a reflexionar y fomentar comportamientos sobre la transparencia en los negocios; es una actividad importantísima, más aún cuando cada día cobra mayor fuerza la acción corruptora y sobre todo en momentos en que se buscan los mejores mecanismos para gobernar y administrar los intereses ciudadanos, para establecer y atender de mejor manera las condiciones del llamado por Juan Jacobo Rousseau "Contrato Social".
Hacia nuevas formas de gobernar y administrar lo público.
El Estado existe para servir a la sociedad y debe buscar su bienestar, no al revés, definiendo el marco legal dentro del cual los individuos, aisladamente o en asociación con quien deseen, puedan perseguir libre y responsablemente sus propios fines y administrando justicia entre los ciudadanos, todos iguales ante la ley, para dirimir los conflictos que en la persecución de estos fines puedan presentarse.
Descendiendo al campo concreto del bienestar, el Estado no debe, en principio, dar al hombre lo que necesita para asegurarse el bienestar, sino darle la seguridad de que por sí mismo puede ganarse el bienestar que necesita, espoleando en él, con los adecuados incentivos, el ímpetu para abrirse camino en la vida, es decir, fomentando la responsabilidad de forjar la propia existencia, generando en el individuo la garra suficiente para afrontar la lucha con vistas a la realidad presente y a las eventualidades del futuro.
Hoy resulta prudente, en lo que toca al Estado, establecer con cierto detalle las condiciones en las cuales funcionaría, o mejor dicho cómo debería funcionar sin olvidar a los menos capaces, un sistema de bienestar social proporcionado por la libre iniciativa de la sociedad en la que se forje un nuevo concepto del bienestar y que, con base en él, surja una Sociedad del Bienestar que, desde luego, requiere la presencia del Estado pero de un Estado mínimo que entra a crear el marco regulador y ejerce simplemente la función subsidiaria haciendo que la sociedad civil asuma el papel que le corresponde pues tiene capacidades para ello, que aunque adormecidas, gracias al exacerbado intervencionismo estatal, siguen latentes y no es imposible despertarlas, regenerarlas y vertebrarlas para que produzcan con toda pujanza los frutos deseables.
Para este despertar de la sociedad frente al Estado, para este rearme de las instituciones civiles es necesario insistir, en toda ocasión, en la inexcusable recuperación de los valores morales individuales y de la convivencia, así como en la responsabilidad que alcanza a todos aquellos que con sus palabras y su ejemplo pueden ayudar a la revitalización de las estructuras espontáneas capaces de evolucionar, prescindiendo de la no deseable actuación gubernamental, los grandes y pequeños problemas del cotidiano vivir a fin de alcanzar aquel nivel de bienestar que es necesario para que el hombre pueda atender, sin agobios materiales, al cultivo de los valores superiores del espíritu que, como ser racional, libre y de naturaleza trascendente, le son exclusivamente propios.
La democracia moderna no puede tener más individuos pasivos, preferidos, desde la óptica de Bobbio, por los gobernantes pues requieren de menor esfuerzo para su control; nada más aberrante que la ignorancia humana que hace más que no entender las realidades, soportar tanta desigualdad y tanta injusticia. Los ignorantes, por "aras del destino" son la carne de cañón de los "hábiles gobiernos" de nuestros días, que "sabedores de todo" son "expertos en nada", que bien han sabido negar la posibilidad de la incursión ciudadana en los quehaceres de lo eminentemente público, la que es ya impostergable pues ella es ya una exigencia en los procesos de administración de lo público y elemento fundamental para que la ciudadanía influya en los procesos de gobierno que el Estado desarrolla.
Continuará.
